LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE FELIPE IV

Si la idea regeneracionista dominó la actuación del gobierno de cara al interior de la Monarquía española, el concepto de reputación fue la luz que iluminó la senda a seguir en materia de política internacional durante estos primeros años del reinado.

El fin de la Tregua de los Doce Años en abril de 1.621 y el convencimiento existente en el seno del Consejo de Estado de que la continuación de la misma no aportaría ningún beneficio a España trajo consigo la irremediable reanudación de la guerra en los Países Bajos. El archiduque Alberto envió en junio un informe a Madrid en el que indicaba que era necesario incrementar hasta 300.000 ducados al mes el presupuesto del ejército de Flandes, pues de lo contrario su operatividad quedaría muy limitada. Alberto era consciente de las dificultades financieras por las que atravesaba la Corona española, y nada le hubiese gustado más que éstas hubieran amedrentado al nuevo gobierno hispano de tal forma que se pudieran salvar de la guerra sus queridos Países Bajos meridionales. Quizá albergó esta ilusión en sus últimos días de vida —que se apagó en julio de 1.621—, pero la decisión estaba ya tomada. Únicamente las dificultades propias del cambio de reinado y la necesidad de poner en marcha los sistemas de obtención de capital suficientes para hacer frente a la contienda costosa y sin cuartel que se preveía impidieron que el rompimiento de hostilidades fuera inmediato.

Atendiendo a las recomendaciones que le llegaron, Felipe IV remitió 900.000 ducados a Amberes y ordenó que a partir de agosto el ejército de Flandes recibiera la importante suma de 300.000 ducados mensuales, que le permitirían llevar a cabo las campañas, ofensivas o defensivas, que se proyectasen. Hacían falta fondos con urgencia y no había tiempo para analizar qué método de financiación pudiera resultar menos nocivo. La forma más sencilla y rápida de conseguir las sumas extraordinarias que imperiosamente se necesitaban era fabricar el dinero, para uso interno, mediante la acuñación masiva en cobre de monedas de vellón. Y así se hizo. No obstante, esto era desastroso para la economía nacional debido a la inestabilidad monetaria y a la perniciosa inflación que generaba. De hecho, la mala moneda expulsó a la buena y el valor real del vellón llegó a ser muy inferior al nominal en plata que representaba (en 1.622, en Madrid, el premio en plata expresado en términos de vellón fue del 18 al 20 %, y en 1.626 de más del 50 %). Otra manera menos dañina de conseguir dinero consistió en reducir mediante pragmática los tipos de interés de juros y censos. De esta forma, no sólo se ahorraba el Estado importantes cantidades en el pago de las rentas de la deuda pública, sino que favorecía el que los particulares se decidieran a realizar inversiones más productivas en la industria o el comercio que aumentaran la riqueza nacional. Finalmente, la Corona también consideró conveniente que, cuando se dieran situaciones excepcionales en las que peligraran los planes exteriores de la Monarquía —como era el caso—, se realizaran incautaciones de parte de la plata de los particulares que llegaba con la flota de Indias anualmente a Sevilla, compensando a sus legítimos propietarios con la devaluada moneda de vellón. Aunque esa plata era fundamental para las transacciones internacionales de España, tal actitud dio lugar a una pérdida constante de crédito de la Corona, minándose los deseos mercantiles que pudieran tenerse y provocando una crisis del comercio oficial español con América, al tiempo que aumentaba considerablemente el contrabando. Todo esto demuestra que las ideas de regeneración interior y reputación exterior eran en gran medida incompatibles: si España optaba por continuar las guerras en Europa, no podía llevar a cabo las medidas que sustentaran un crecimiento y bienestar económico interno. Las interesantes propuestas económicas de Olivares, resultado de la herencia ideológica recibida de los arbitristas, siempre quedaron frustradas ante la prioridad absoluta que se daba a la política internacional de la Monarquía, consecuencia de la fuerza de la tradición imperial, desacierto disculpable si tenemos en cuenta la mentalidad del siglo XVII, pero definitivo a la hora de analizar las causas del declive del sistema español de la época.

La guerra terrestre se inició a finales de 1.621, cuando Spínola, que había regresado del Bajo Palatinado dejando allí a Gonzalo Fernández de Córdoba con un pequeño ejército de algo más de 4.000 soldados, decidió asediar Juliers, guarnecida por holandeses desde la crisis de 1.610, que cayó en enero del año siguiente. Pocos meses después tomó Steenbergen, y una vez cubiertos los flancos, pasó a sitiar Bergen-op-zoom. El fracaso en esta última operación, que desde el 18 de julio al 3 de octubre redujo a 9.000 hombres —por deserción y muerte— los 18.000 utilizados por Spínola, confirmó las teorías que se venían manejando en la corte madrileña de que el sistema tradicional de lucha contra las Provincias Unidas, basado en largos, costosos y deprimentes asedios de ciudades bien fortificadas y defendidas, únicamente podía proporcionar puntuales y pírricas victorias, ante las enormes pérdidas de dinero y hombres que traía consigo, y en ningún caso suponía una amenaza real a los intereses de los Países Bajos rebeldes. Tampoco podían esperarse marchas y contramarchas fulgurantes del ejército de Flandes, pues la multitud de canales existentes en la zona y la ruptura de las esclusas dificultaban sobremanera esa capacidad de maniobra militar. Había que cambiar la forma de guerrear si se querían obtener resultados positivos.

Como el pueblo neerlandés constituía una República de comerciantes que conseguía su fuerza del mar, era allí donde había que atacarles, ya que erosionando su fuente de prosperidad irremediablemente cederían a las presiones de España. Ya a finales del reinado de Felipe III se inició un programa de reconstrucción naval, posteriormente potenciado por Olivares, que hizo que en 1.621 la Monarquía poseyera escuadras en Gibraltar, Cádiz, Lisboa, Galicia, costa vasca y Flandes. Muy pronto se mostró su utilidad, cuando, en agosto de 1.621, don Fadrique de Toledo consiguió con 9 de sus barcos una victoria en el estrecho de Gibraltar contra una flota holandesa más numerosa. El papel de esta moderna y cada vez más poderosa fuerza naval iba a resultar fundamental en la nueva estrategia de combate a las Provincias Unidas adoptada por España: por un lado, tenía que proteger el tráfico marítimo español y portugués, y por otro, dañar e interrumpir el comercio holandés. Para esta última función se utilizaron especialmente las escuadras de Flandes y Gibraltar. La escuadra del Estrecho, que contaba en el verano de 1.622 con 18 buques, tenía como misión principal dificultar el transporte comercial entre el norte y el sur de Europa en su paso al Mediterráneo. Aunque no se logró obstruir esta provechosa ruta comercial, sí se provocó que el almirantazgo neerlandés hubiera de iniciar un sistema de convoyes fuertemente armados que eliminara las peligrosas amenazas del trayecto, con los gastos e incomodos que ello acarreaba. Bastantes más dificultades, pese al bloqueo con navíos de guerra a que fue sometida la costa flamenca desde un primer momento, ocasionó la escuadra de Flandes a las Provincias Unidas. Aunque en 1.622 todavía estaba poco desarrollada —únicamente contaba con cuatro barcos del rey—, logró capturar doce buques mercantes holandeses, que en su mayoría transportaban sal y vino desde Francia, y hundir algunos barcos arenqueros que actuaban en las pesquerías del mar del Norte, otra fuente importante de ingresos de la República que proporcionaba unos 600.000 ducados al año.

No obstante, la acción naval sólo podía formar parte de un plan más amplio para ser realmente eficaz. La idea clave del proyecto era la exclusión de los bienes y barcos neerlandeses de todo el mundo hispánico, con objeto de golpear duramente a todos los sectores de la economía de las Provincias Unidas. A comienzos de abril de 1.621, Felipe IV ordenó la inmediata salida de los barcos holandeses de sus dominios, decretando el embargo de los mismos y sus mercancías para el caso de que no abandonaran los puertos antes de fin de mes. Si bien un número considerable de los 800 barcos que venían comerciando con los territorios del rey de España quedaron sin posibilidad de uso en tal ruta, los holandeses consiguieron romper el embargo utilizando buques de bandera neutral para transportar los cargamentos a puertos españoles o descargando su mercancía en puertos de difícil control para la Corona, procedimiento más caro y arriesgado, pero todavía rentable. En todo caso, su apartamiento del comercio con los territorios de la Monarquía española, aunque atacaba directamente una de las líneas de flotación de la República, también resultaba perjudicial para los intereses propios, tanto para las ciudades portuarias como Sevilla, que en seguida se resentían de cualquier impedimento al libre tráfico comercial, como para el suministro de una serie de productos cuyo transporte estaba prácticamente monopolizado por los barcos de los Países Bajos septentrionales, siendo éste el caso del cobre o los pertrechos navales. Las autoridades, empero, estaban resueltas a estrangular el comercio holandés con España y poco a poco fueron perfeccionando el sistema de embargo. Se ideó la utilización de unos certificados, firmados por magistrados de los puertos de embarque, que garantizaran que los cargamentos no provenían de las Provincias Unidas ni eran propiedad de sus súbditos; de todas formas, si tras una inspección del buque neutral se determinaba su falsedad, se procedía inmediatamente a su incautación y a la imposición de multas al mercader intermediario. Se consideró oportuno, a su vez, proceder al embargo de aquellos barcos de propiedad neutral que hubiesen sido construidos en las Provincias Unidas tras la expiración de la tregua. En diciembre de 1.622 se creó la Junta de Comercio, siendo nombrado presidente el marqués de Montesclaros, para que se ocupara de optimizar las medidas económicas contra los holandeses y de resolver el problema de la entrada ilegal de sus productos. También por esas fechas se decidió crear un cuerpo especial encargado de la ejecución de los embargos, liberando de esa función a la administración local ordinaria, debido a lo cual se nombraron veedores de comercio en zonas tan vitales como Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Lisboa, Oporto, Bilbao, Canarias o Azores.

A nadie se le escapaba que todas estas medidas, tendentes a provocar un progresivo debilitamiento del poderío holandés a través de la revitalización de la fuerza naval española y la implantación de un embargo económico-comercial a gran escala, debían verse acompañadas por el fomento de la industria y el comercio propio que evitara la constante salida de la plata americana y la reducción de la riqueza nacional, mediante la constitución de erarios —que proporcionaran los medios—, la creación de compañías mercantiles y la imposición de un coto proteccionista a las importaciones de productos fabricados en el extranjero. De la habilidad con que se afrontara el desarrollo de estos planteamientos, dependía no sólo el resultado de la guerra en el norte de Europa, sino también el futuro de la propia Monarquía hispánica.

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